Gobierno municipal capitalino detecta anomalías en instalación de purificadoras por parte de la pasada administración perredista

Gestión anterior en SLP pagó equipo de agua con 40% de sobreprecio

San Luis Potosí.— El gobierno municipal de esta capital detectó diversas y graves irregularidades, como sobreprecio en la compra de equipos y en contratos de arrendamiento de locales, tras la revisión de las plantas purificadoras de agua que la pasada administración instaló en colonias populares.

La presente administración, encabezada por el presidente municipal Xavier Nava Palacios, tenía contemplado dar seguimiento a este programa social, pero cuando se obtuvo el resultado de la investigación realizada para transparentar su funcionamiento, se decidió analizar otras opciones para ayudar a las familias potosinas a obtener este líquido, informó Óscar Valle Portilla, oficial mayor del gobierno municipal.

Óscar Valle dijo que entre las irregularidades que se encontraron están las contrataciones de los locales, las cuales se realizaron con firmas apócrifas; asimismo, la compra del equipo con un sobreprecio de 40%.

El funcionario municipal dijo que en el último informe presentado por la pasada gestión, presidida por el perredista Ricardo Gallardo, se consigna que se adquirieron cuatro purificadoras de agua, cuyo costo fue valuado en más de 252 mil pesos.

Sin embargo, cuando se realizó la cuantificación del equipo, se encontró que el costo apenas rebasa los 149 mil pesos, es decir, se compró por arriba del 40%, aseguró Valle Portilla en conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el director de Desarrollo Social, Claudio Víctor Ferrer Marín, y el ex secretario general del ayuntamiento, Marco Antonio Aranda.

El funcionario comentó que la actual administración se encontró con la negativa de los propietarios de los locales o viviendas donde se ubican las purificadoras. La oposición se debe a que se negaron a transparentar la actividad —el arrendamiento— y suscribir un contrato para darle legalidad.

Además, las firmas de los contratos eran apócrifas y los propietarios de los inmuebles, como lo afirmó Ferrer Marín, pidieron rentas “muy elevadas”. Los costos son muy altos para las zonas, además de que se negaron a firmar un nuevo contrato, señaló.

También, el director de Desarrollo Social expuso que la anterior administración dio en comodato los equipos a quienes las operaban, por lo que el actual ayuntamiento solicitó la devolución, por ser parte del patrimonio municipal.

Fuente: EL UNIVERSAL

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