El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, a la
El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, a la entrada de la Audiencia Nacional el año pasado Susana VeraREUTERS

El Tribunal de Cuentas echa por tierra la principal alegación del ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, sobre que, al no ser licenciado en Derecho, desconocía que pudiera ser ilegal la consulta del 9-N, porque había “dudas interpretativas”. Mas es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y presentó ese insólito argumento de defensa junto a su vicepresidenta Joana Ortega, según describe la sentencia del Tribunal de Cuentas que le condena a devolver 4,9 millones más intereses gastados ilegalmente en el 9-N.

“Disponían de todos los elementos de juicio necesarios, incluso los que no son licenciados en Derecho, para conocer la ilegalidad de la consulta y del proceso de participación, por lo que su eventual desconocimiento de tal extremo no habría sido excusable”, zanja en nombre del órgano fiscalizador del Estado la consejera de Cuentas y ex ministra del PP, Margarita Mariscal de Gante.

Mas sostiene que como era dudoso el alcance de la suspensión del Tribunal Constitucional, no actuó con dolo o negligencia, que son actitudes que generan responsabilidad contable. Pero la sentencia ve dolo y, en todo caso, “negligencia grave”, porque “el presidente era plenamente consciente de la ilegalidad del proceso participativo desde el momento mismo en que se convocó”.

La sentencia supone un antes y un después para la causa independentista, porque implica que el uso de fondos públicos para fines ilegales termina llevando a sus responsables a riesgo de ruina personal.

Tanto Mas como sus consejeros Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y media docena de subordinados han sido condenados a devolver en la práctica más de 5 millones a la Generalitat, aunque se da la circunstancia de que el Govern de Quim Torra rechaza el dinero, por entender que no ha habido menoscabo a los fondos públicos. No obstante, el pago final llevará aún tiempo si los acusados presentan sucesivos recursos contra la condena. De momento, sus bienes siguen embargados preventivamente a la espera de ejecución, porque Artur Mas no logró colecta suficiente del independentismo y tuvo que bloquear, entre otros bienes, inmuebles de su propiedad.

En la sentencia se recuerda que el ex president declaró en 2014 al convocar el proceso que “nos adentramos en un terreno en el que no podremos explicar todo lo que haremos, sino que lo iremos explicando a medida que vaya haciéndose (…) Si lo hacemos de otro modo, nos volvemos a situar con un decreto suspendido”. Según la sentencia, “estas manifestaciones sólo pueden entenderse sino es desde la conciencia de que lo que se pretendía hacer no era conforme con la legalidad”.

Entre los gastos acreditados figura la compra de 7.000 ordenadores, el envío de información por correo postal, una campaña de publicidad, distribución de material de votación o contratación de soportes informáticos. El Tribunal de Cuentas condena también a los subordinados Luis Bertrán, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana, Jaume Domingo y Teresa Prohias: “No se cuestionaron la legalidad del proceso”.

CARLOS SEGOVIA

Fuente: EL MUNDO

Share
Temas: Categorías: España Mundo

Video Destacados

Ad will display in 09 seconds