El lehendakari Urkullu y los trabajadores de La Naval en la tribuna de invita
El lehendakari Urkullu y los trabajadores de La Naval en la tribuna de invitados. PAULINO ORIBE/ ARABA PRESS

Todos los grupos políticos presentes en el Parlamento Vasco quieren que se salve La Naval. Pero también todos saben de las dificultades de inyectar dinero público en una empresa en dificultades y que la ayuda pase el filtro de la Unión Europea. Quizá por eso todos sumaron ayer sus votos a una enmienda en la que se no se insta ya al rescate público del cien por cien del que han hablado en muchas ocasiones EH Bildu o Elkarrekin Podemos, de que partió la iniciativa debatida hoy, sino a estudiar alternativas legales para una participación público-privada que permita impedir el cierre.

La decisión del Parlamento llega un día después de que el administrador concursal comunicara a los trabajadores que se inicia el proceso para despedir a toda la plantilla, 180 tranbajadores. Una representación de esta plantilla ha estado presente durante el Pleno dentro y fuera de la Cámara.

La enmienda en cuestión insta al Gobierno vasco a elaborar el periodo de tiempo más breve posible “un informe que estudie y respalde, desde los puntos de vista jurídico, económico e industrial, la operación de adquisición por parte de las administraciones públicas de los activos de La Naval, y articule, junto con el sector privado, una alternativa que garantice su viabilidad industrial y económica”·.

Además se pide al Ministerio de Industria que colaborare con el Gobierno vasco para posibilitar una solución a la situación actual de La Naval,

“especialmente en la búsqueda de un inversor de futuro y en la posible participación pública, junto con otras instituciones públicas, que pueda garantizar la viabilidad de la empresa”.

Tapia pide

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, ha reiterado tras la votación en el pleno que aún hay alternativas al cierre, pero ha advertido de que se debe actuar con responsabilidad y dotar cualquier actuación de seguridad jurídica suficiente sin alentar “falsas expectativas”.

“No es posible el rescate ni la publificación porque la Unión Europea no lo permite”, ha reiterado para dejar claro que el Gobierno vasco “no va a entrar en esa aventura”, y ha hecho hincapié en que el Ejecutivo mantiene su intención de adquirir una participación minoritaria de cinco millones en el accionariado si aparece un inversor privado que, además acepte la colaboración pública.

Tapia ha indicado que es necesario que el armador Van Oord “haga todo lo posible” para que la draga “Vox Alexia” se acabe construyendo en el astillero vizcaíno porque esta decisión permitiría contar con tiempo para encontrar un inversor privado.

“Les aseguro que nuestra máxima implicación y la del gobierno del Estado es garantizar la carga de trabajo que permita que el ERE de extinción no se produzca”, ha asegurado.

En cuanto a la posibilidad de que los trabajadores formen parte también del accionariado avanzada por el comité de empresa, la consejera lo ha considerado positivo, aunque ha opinado que probablemente no cubriría toda la parte de capital privado necesaria.

BELÉN FERRERAS

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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