Las urnas del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña
Las urnas del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña BIEL ALIÑO

La investigación judicial por los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017 pese a la suspensión del Tribunal Constitucional sigue su curso y parece que podría ampliarse. En un escrito al que ha tenido acceso este diario la Fiscalía de Barcelona ha remitido una denuncia presentada contra la directora de la entidad pública Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), Maria Àngels Barberà, al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que instruye el procedimiento contra ex cargos y trabajadores de la Generalitat que presuntamente desobedecieron la orden judicial y organizaron las votaciones.

En concreto, la Fiscalía considera «oportuno la investigación y enjuiciamiento en la misma causa» de la denuncia presentada contra Barberà por posible «connivencia» con los «responsables de la cesión de datos para la formación del censo electoral destinado a la celebración del expresado referéndum». La denuncia, presentada por un particular, indica que la directora de la APDCAT «fue expresa y previamente advertida» de que no podía colaborar con la organización de las votaciones apercibiéndola de posibles responsabilidades penales si lo hacía. Además detalla que la Agencia Española de Protección de Datos emitió un informe de septiembre de 2017 en el que concluía que el censo que la Generalitat quería hacer para el 1-O contravenía la legislación y era una ilegalidad elaborarlo a partir de otros registros.

Este informe se envió a la APDCAT y el denunciante consideró que el organismo catalán no actuó de forma «diligente y proactivamente» para impedir las votaciones sino que se limitó a «dar apariencia de legalidad al ilegal referéndum». En este sentido, acusa de que la Autoridad Catalana de Protección de Datos incluso supuestamente «coadyuvó a la desobediente e injustificada actuación» del Govern al asegurar en una nota de prensa dos días antes del 1-O que el tratamiento de los datos personales de los votantes correspondería a la Generalitat y en ningún caso las personas que formasen parte de las mesas electorales. Por eso recordaron que las posibles sanciones recaerían en la administración y en estos colaboradores.

La denuncia destaca que los datos «ilegalmente apropiados por el Govern» también fueron difundidos por la administración catalana «de manera masiva a través de la mal denominada técnica del censo universal, lo que produce un mayor grado de ataque al derecho fundamental a la privacidad». El denunciante comunicó a la Generalitat que no usasen sus datos en el 1-O «tal y como se establecía en la propia ley del referéndum» y aportó acta notarial de que aparecían en las webs que difundía el entonces presidente del Govern Carles Puigdemont. Ahora el juzgado debe decidir si admite esta denuncia para investigarla, aunque antes se debe convocar la plaza del magistrado titular tras el fallecimiento del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer hace unas semanas.

GERMÁN GONZÁLEZ, VÍCTOR MONDELO

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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