Liviu Dragnea, en la votación del domingo, en Bucharest. ROBERT GHEMENTEFE
Liviu Dragnea, en la votación del domingo, en Bucharest. ROBERT GHEMENTEFE

El hombre fuerte del Gobierno de Rumanía, Liviu Dragnea, acusado de varios delitos de corrupción y fraude electoral, ha vuelto a poner de manifiesto su desprecio por la Justicia. Poco antes de que el Alto Tribunal de Casación y Justicia inaugurara hoy el proceso de apelación del llamado caso Teleorman, por el que Dragnea fue condenado a tres años y medio de cárcel, los magistrados se vieron abocados al aplazamiento.

El líder del gubernamental Partido Social Democrático (PSD) y primer ministro en la sombra, decidió no personarse a la vista con el argumento de que no había tenido tiempo para contratar a un abogado, según la notificación enviada por éste al Tribunal, y en la que solicitó, consecuentemente, tiempo para buscar letrado. El tribunal, integrado por de cinco jueces, aplazó la vista hasta el 5 de noviembre.

Inhabilitado para ser primer ministro por una sentencia de fraude electoral en 2016, Dragnea arrastra una cadena de procesos judiciales, una mochila de la que intenta liberarse impulsando reformas judiciales en su favor y manchando con ello el conjunto de la socialdemocracia. El PSD rumano se ha convertido poco menos que en el instrumento de un hombre dispuesto a cualquier cosa para no ir a la cárcel.

Dragnea fue condenado por instigar a la contratación ficticia de dos empleadas en la Dirección General de Asistencia Social y Protección de la Infancia en Teleorman, cuando él era presidente del Consejo Provincial de ese distrito. Según quedó probado en el proceso, Dragnea intervino para que dos trabajadoras de un organismo publico cobraran sueldos por empleos que no existían y por los que se recibían subvenciones estatales. Las dos mujeres, que en realidad trabajaban para la filial de PSD que Dragnea lideraba, causaron daños a las arcas públicas y en favor del partido por unos 24.000 euros entre 2006-12. Antes de que comenzara en 2018 este juicio, el Gobierno aprobó por decreto una ley que eliminaba las penas de cárcel para los casos de abuso de poner de menos de 44.000 euros. El PSD antepuso la suerte del líder a su compromiso con la lucha contra la corrupción.

El líder del PSD se libró de la cárcel, pero su conducta fue tachada por los jueces en la sentencia -que él apeló- de ilegal, antisocial e inmoral en desacuerdo con el rango de dignidad pública que se tiene. La condena fue impuesta con el voto favorable de dos de los tres jueces encargados del caso. El tercero votó a favor de la absolución.

El juicio de apelación debía haber arrancado este lunes volvió a poner de manifiesto la capacidad del primer ministro en la sombra de recurrir a las artimañas y polarizar a la sociedad. Volvió a verse frente a la sede Tribunal Superior de Casación y Justicia, donde partidarios y detractores de este personaje protagonizaron situaciones en las que la policía se vio obligada a intervenir.

CARMEN VALERO

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: Mundo

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