El presidente del Parlamente, Roger Torrent; el presidente de la
El presidente del Parlamente, Roger Torrent; el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau JORDI SOTERAS

El ímpetu con el que el Gobierno se apresuró a anunciar “medidas legales” contra el Parlament de Cataluña por aprobar la semana pasada una resolución en la que se reprobaba al Rey y se reclamaba la abolición de la Monarquía, no se ha concretado todavía en ninguna acción. Es más, parece que ahora, con el paso de los días, ni siquiera está clara cuál será. Una circunstancia que llevó este lunes a fuentes del Ejecutivo a enfriar la presentación de cualquier medida legal bajo el pretexto de que el caso está en estos momentos en una fase de “estudio” y “análisis” para determinar la forma y la viabilidad de la respuesta.

Mientras el Gobierno dilata los tiempos y duda de cuál será su reacción final, el independentismo catalán se envalentona e insiste en redoblar su desafío al Estado bajo el ataque y el desgaste permanente de la figura de Felipe VI. A quien los partidos secesionistas han escogido para personalizar su cruzada contra el Estado como sustituto de Mariano Rajoy, una vez que el cambio de color en La Moncloa les ha hecho perder la baza de aludir al “autoritarismo” del PP como elemento aglutinador de su estrategia.

La reprobación de la pasada semana al Rey se hizo con la excusa del primer aniversario del discurso que dio tras el referéndum del 1 de octubre. Pero resulta que podría no ser la única. El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, amenazó este lunes con seguir planteando mociones similares y votándolas en el pleno del Parlament hasta que no exista “una solución democrática y política” al conflicto.

En declaraciones a la Cadena Ser, Torrent recordó que “una inmensa mayoría de catalanes comparten valores republicanos” por lo que los diputados, como representantes ciudadanos, “plantearán resoluciones como las que se plantearon la semana pasada”.

Además, negó que ponga el Parlament al servicio del independentismo sino “de la democracia como hizo Carme Forcadell”, en referencia a la ex presidenta procesada por rebelión y encarcelada a la espera de juicio por permitir dos votaciones sobre el referéndum y las leyes de la desconexión pese a las advertencias judiciales.

Mientras el independentismo amenaza con más ataques al Rey por la vía institucional, el Gobierno se mantiene en un compás de espera. Fuentes de Moncloa señalaron este lunes que el objetivo de anunciar con esa celeridad las medidas legales en defensa del Rey fue en busca de una respuesta “rápida y potente” para defender las instituciones del Estado. Sin embargo, llegado a este punto de concretarla aún está por ver cuál es la mejor vía por la que se articula esa defensa. Los servicios jurídicos se han puesto a estudiar el asunto y están analizando la “viabilidad” que un camino u otro puede tener.

El pasado viernes, durante la recepción del 12 de octubre, Pedro Sánchez ya sembró dudas en su intención de recurrir la resolución cuando restó importancia y gravedad al asunto, al enmarcar la reprobación en un “plano declarativo”. Incidiendo en que sus socios no cometieron “ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad”.

Por su parte, la vicepresidenta, Carmen Calvo, fue más rotunda en cuanto a la “gravedad extrema” de la resolución y avanzó que el recurso al Tribunal Constitucional es una de las posibles opciones.

No obstante, el Gobierno es consciente de que abrir ese frente judicial ahora podría alterar la estrategia de “distensión” y de “reducción de la conflictividad” que está desplegando en Cataluña para abordar el problema.

Por eso, ante el temor de que esta línea política se anteponga por encima de todo lo demás y de que el Gobierno decida no responder, el PP presentó este lunes en el Senado una moción en la que pretende obligar al Ejecutivo a moverse. La iniciativa presentada por los populares sale en defensa de la Corona pero la clave está en que urge a Sánchez a presentar un recurso ante el Constitucional.

“El Senado reconoce el papel fundamental de la Monarquía en España como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, y especialmente la actuación del Rey Felipe VI ante el desafío secesionista de Cataluña”, dice la moción del PP, que será aprobada por la mayoría absoluta de la que goza en la Cámara.

Por su parte, Podemos -el principal socio de Sánchez- presiona al Gobierno para que no haga nada al respecto. “Felipe VI no necesita que nadie le defienda”, subrayó el secretario de Organización, Pablo Echenique, que minimizó lo sucedido con el jefe del Estado porque “no tiene efectos jurídicos”.

Su posición no es casual. Fue precisamente el grupo parlamentario de Podemos en la Cámara catalana -Catalunya en Comú- el que presentó la polémica resolución que pedía abolir la monarquía. Y quien contribuyó a que fuera aprobada juntando sus votos con los de los independentistas de Junts per Catalunya y ERC y la abstención de la CUP.

ÁLVARO CARVAJAL, GERMÁN GONZÁLEZ

Fuente: EL MUNDO

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Temas: Categorías: España Mundo

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